Cómo enterrar el sistema de seguridad pública
por Jorge Fernández Menéndez

En el tema de seguridad, en la PFP y el SNSP, se entremezclan diferendos políticos con acusaciones administrativas y legales sin tener claro dónde terminan unas e inician otras.

Los sucesos de este martes pasado en Nueva York y Washington, con todas sus implicaciones, han logrado poner en el debate público, nuevamente, el tema de la seguridad no sólo en su vertiente de la seguridad pública, sino también de la nacional. No sólo en los términos de la soberanía entendida en su acepción más tradicional, sino también por las adecuaciones que tanto ese concepto como la propia estrategia de seguridad pública y nacional tendrá que tener para adaptarse a la nueva realidad internacional como a los desafíos que esos fenómenos implican para México, incluyendo nuestras versiones nacionales de fundamentalistas, no siempre religiosos, pero sí fanáticos y con objetivos e impulsores oscuros.

En este contexto se han dado algunos fenómenos preocupantes, particularmente en algunos aspectos preventivos, que parecen destinados a acabar con todo lo que gira en torno al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero sin reemplazarlo por nada. Mayolo Medina fue removido de la secretaría ejecutiva de esa instancia por haberse reunido con el ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo, que mantiene un durísimo enfrentamiento político y legal con el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y su presunta sucesora, Gloria Brasdeferd, no ha sido confirmada por los gobernadores miembros del consejo del propio sistema y, además, no tiene experiencia alguna en esa actividad. Es más, ni siquiera ha concluido el proceso de entrega-recepción con el anterior secretario ejecutivo porque no hay quien reciba esa documentación. Una situación similar se da en la propia PFP (cuyas labores y desarrollo deberían ir de la mano con el SNSP) donde no se ha designado, aún, a diez meses de iniciada la Administración Fox, un comisionado responsable de esa agrupación en reemplazo de Robledo Madrid. Es verdad que allí está el general Francisco Arellano Noblecía, pero su responsabilidad es al frente de las llamadas fuerzas federales de apoyo, que son el corazón de la PFP pero que son, también, fuerzas militares "prestadas" a esa institución.

Lo cierto es que en el tema de la seguridad, tanto en el caso de la PFP como del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entremezclan profundos diferendos políticos con acusaciones administrativas y legales sin tener claridad dónde terminan unas y comienzan las otras. El hecho es que en el caso del Sistema Nacional de Seguridad Pública el conflicto ha crecido porque se involucra ya no sólo a su anterior titular de la secretaría ejecutiva y quien vaya a ser su sucesor, sino también, por la propia configuración del consejo, a todos los gobernadores del país y, por ende, a los partidos, que no están de acuerdo con la decisión adoptada. Cuando se decidió la salida de Medina del SNSP, sólo se designó como interina a Brasdeferd, que no cuenta con el apoyo necesario e incluso los gobernadores priistas publicaron un desplegado protestando por esa remoción, por las versiones sobre malversaciones que se filtraron desde la propia secretaría y la atribuyeron a razones exclusivamente políticas. Al mismo tiempo, el presidente de la comisión de seguridad pública de la Cámara de Diputados, el panista Armando Salinas Torre (un hombre especialmente cercano al ex procurador Antonio Lozano Gracia) dijo sentirse extrañado por la decisión y agregó que ni él ni su partido tenían queja alguna, al contrario, respecto a la labor que había desarrollado Medina en la SNSP.

Pero la indefinición sobre el futuro del propio sistema ha continuado porque pareciera que, en el fondo, lo que hay, es una decisión político-empresarial. Para los estratégicos sistemas de comunicación que integran el SNSP, desde 1998 se decidió optar por los equipos franceses de telecomunicaciones Matra, considerados de los mejores del mundo, tanto que las propias agencias de seguridad estadunidenses suelen utilizar ese tipo de equipo para muchas de sus labores de intercomunicación. La otra opción era la firma estadunidense Motorola, sin duda una empresa muy prestigiada, tanto como Matra. Pero había que elegir una u otra tecnología, porque ambas no son compatibles. Por decisiones de seguridad nacional (basadas en el equipo que se requería y por las exigencias de confidencialidad y encriptamiento necesarias) se optó finalmente por Matra. Y, paradójicamente, el centro de las acusaciones que ha realizado la SSP a través de la Secretaría de la Contraloría respecto a este caso, se concentra particularmente en el porqué se contrató Matra en lugar de Motorola, la empresa estadounidense que parece contar con mayores simpatías sexenales que su competidora francesa.

Lo cierto es que se solicitó un informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto a la cuenta pública de 1999, cuando se tomó esa decisión sobre este caso. Y ese informe fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado 10 de septiembre. Vía la Cámara de Diputados hemos obtenido una copia de ese informe y sus conclusiones dejan muy mal parados a los auditores de la SSP y la Contraloría.

En ese documento se especifica que se revisó el proceso de adjudicación de las adquisiciones de bienes para la Red Nacional de Radiocomunicaciones para seguridad pública a favor del proveedor Matra, para especificar si el mismo se había efectuado de acuerdo con las disposiciones legales y normativas y del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan, además del gobierno federal, todos los gobernadores del país.

Se especifica que con base en la denuncia que se presentó ante la Auditoría Superior de la Federación, se buscaron presuntas irregularidades en ese proceso y daños al erario federal causados por la adquisición de esos equipos debido a que, según las autoridades que presentaron esas denuncias, el equipo de la empresa Matra "no funciona adecuadamente y está en la obsolescencia". Además, se indicaba en la denuncia que se había desaprovechado la infraestructura instalada en diez estados de la República que contaban con lo que definían, en la denuncia, como tecnología de vanguardia proporcionada por Motorola. En los medios se difundió, además, que habría otras irregularidades, como que, por ejemplo, se había comprado equipo de más, que había equipo "ocioso" por más de 49 millones de pesos. Esta denuncia, ni siquiera fue tomada en cuenta porque el equipo "ocioso" es en realidad equipo que está en espera de ser instalado en los diversos estados, pero -sobre todo- se trata de un equipo de 110 radios de intercomunicación encriptada que se tienen como reserva para cualquier operación de emergencia o fuera del ámbito de las instalaciones de la propia secretaría. Son los equipos de comunicación que se utilizaron, por ejemplo, cuando se produjo el famoso zapatour, custodiado en términos de seguridad por las propias fuerzas de la PFP. Y una cosa es tener equipo ocioso y, obviamente, otra es contar con equipo en reserva. La interpretación es tan absurda como cuando se exige al anterior jefe de inteligencia de la PFP (el actual comandante de la Policía Judicial Federal) Genaro García Luna, los recibos de honorarios de los recursos utilizados en el pago de confidentes (léase espías) de la propia PFP, más aún cuando existía y existe un fondo legal autorizado para ese fin.

Pero regresemos al informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre este tema. El documento, que llegó a la Cámara de Diputados el pasado 10 de septiembre, sostiene que el proceso de adquisición se inició con base en los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública de noviembre del 97, agosto del 98 y 28 de enero del 99. Allí, en las reuniones del consejo, se decidió, dice el informe, que se continuaría con el procedimiento para la instalación de la red nacional de comunicaciones y que cada una de las entidades federativas revisarían y en su caso adoptarían las características tecnológicas de la propia red, aprovechando el equipo e instalaciones existentes en cada entidad federativa. También en esas reuniones se decidió la conformación de un comité integrado por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y peritos y asesores de la Secretaría de Gobernación, que diseñaría y evaluaría la topología de esa red. Finalmente, con base en todo ello, la red nacional de telecomunicaciones se instaló en dos etapas: la primera en 1998, la segunda en 1999. En la primera etapa se decidió la procedencia de que se adjudicara en forma directa, por razones de seguridad nacional, la adquisición de los bienes necesarios para la integración de lo que denominó "un sistema de radiocomunicación digital encriptado" para el SNSP. Allí fue donde se decidió, entre las ofertas de las compañías Matra y Motorola, que la primera era una mejor opción porque cumplía "con la arquitectura planteada y tiene una mejor estructura de red, así como adelantos tecnológicos que la colocan como mejor opción".

El Consejo de Seguridad Pública se basó en el estudio técnico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN que decidió que la oferta de Matra "ofrece mayores ventajas de flexibilidad, modularidad para el crecimiento y resistencia a fallas". Este dictamen del Politécnico se realizó no a solicitud del sistema de seguridad pública, sino de la propia Secretaría de la Contraloría de la Federación. Finalmente, hubo un tercer dictamen efectuado por la propia Secretaría de Comunicaciones sobre la viabilidad del proyecto y la asignación de frecuencias. Esa primera etapa se formalizó el 9 de noviembre del 98. Para completar la red, se realizó una segunda etapa de compras formalizada en noviembre de 1999, con base en los anteriores estudios.

Según el estudio de la Auditoría Superior de la Federación, se constató que los pedidos y la compra cumplió con todos los requisitos de normatividad. La única observación que hizo la Auditoría Superior es que "no se atendió cabalmente lo que concierne al aprovechamiento del equipo e instalaciones existentes en cada entidad federativa". Sin embargo, el problema que se presentaba en ese sentido es que esas redes existentes en diez estados tenían características analógicas y no digitales, por lo cual la red perdería la capacidad de mantenerse encriptada (o sea que no puede ser intervenida). Pero es más, el retraso en la complementación de la red deviene, en buena medida, porque sólo dos estados, Sinaloa y San Luis Potosí, habían interconectado sus redes a la red nacional. Finalmente, la única recomendación que hizo la Auditoría Superior de la Federación fue que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca mecanismos técnicos para que las redes de los estados puedan compatibilizarse con la red nacional e integrarse a ella. En otras palabras, no hubo malversación alguna y lo que falta, es trabajo para que la red nacional del sistema se pueda integrar plenamente.

La red de telecomunicaciones encriptada es central para la estructuración del SNSP. Pero con todos estos tejes y manejes, lo cierto es que los trabajos se han retrasado en forma notable y pareciera que en la búsqueda de revertir todo lo realizado para que sea la empresa estadunidense Motorola la que provea estos equipos (que ya están comprados y funcionando), lo que está ocurriendo es que se revertirá todo el camino avanzado hasta ahora. Y el hecho es que uno de los pocos avances sustanciales, reales, que hubo en el pasado inmediato en el campo de la seguridad, es precisamente el de la estructuración de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que hoy parece estar siendo abandonado para comenzar, en un futuro incierto, a reconstruirlo sobre sus ruinas. Ésa sí es, por lo menos, una actitud negligente.

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